Columna de Opinión del editor.
El sector pesquero chileno se encuentra en una encrucijada histórica. La reciente aprobación en la Comisión Mixta del Congreso de una nueva distribución de cuotas de pesca, que otorga el 52% de la cuota de la merluza común a la pesca artesanal y el 48% a la industrial, ha desencadenado una serie de eventos que reflejan las tensiones inherentes a este sector.
La empresa pesquera industrial PacificBlu anunció su cierre a partir de enero de 2026, argumentando que el nuevo fraccionamiento hace inviable su operación. Esta decisión pone en riesgo miles de empleos y evidencia las consecuencias económicas de las políticas de redistribución de cuotas.
Por otro lado, los pescadores artesanales han expresado su descontento con la forma en que se ha manejado la redistribución de cuotas, argumentando que aún se favorece a las grandes empresas pesqueras y que sus demandas no han sido plenamente consideradas. Las protestas y enfrentamientos en Valparaíso son muestra de la tensión existente.
Además, se han planteado preocupaciones sobre la sostenibilidad de los recursos pesqueros. El aumento del esfuerzo pesquero podría acelerar el colapso de especies como la merluza común, que ya se encuentra en una situación crítica.
En este contexto, es fundamental que las políticas pesqueras consideren no solo la equidad en la distribución de cuotas, sino también la sostenibilidad de los recursos y el impacto económico en las comunidades dependientes de la pesca. La implementación de tecnologías de fiscalización, como las desarrolladas por la Universidad de Concepción, puede contribuir a una gestión más eficiente y sostenible del sector.
El futuro del sector pesquero chileno dependerá de la capacidad de los actores involucrados para dialogar y encontrar soluciones que equilibren los intereses económicos, sociales y ambientales. Solo así se podrá garantizar la viabilidad a largo plazo de esta actividad fundamental para el país.
