En 2016, bajo la bandera de la equidad y la desmunicipalización de la educación, el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet implementó el Sistema de Admisión Escolar (SAE). Su objetivo era loable: eliminar la selección arbitraria de alumnos por parte de los establecimientos y democratizar el acceso a la educación pública y subvencionada. Sin embargo, a una década de su puesta en marcha, los resultados están lejos de satisfacer a las familias chilenas.
Los padres y apoderados lo han dicho una y otra vez en encuestas, foros ciudadanos y redes sociales: el SAE frustra, desorienta y genera injusticias. Porque en la práctica, el “sistema transparente y sin discriminación” terminó convirtiéndose, en muchos casos, en un mecanismo impersonal y aleatorio —representado simbólicamente por la tan criticada “tómbola”— que ignora el esfuerzo, las preferencias familiares, la trayectoria académica e incluso los criterios geográficos.
La gran mayoría de las familias que postulan —más de 500 mil cada año— no quiere un sistema basado en azar, sino en justicia, mérito, cercanía, y libertad de elección real. Quieren tener certezas. No ser espectadores de una ruleta digital que puede asignar a sus hijos a un colegio a kilómetros de distancia o en un establecimiento no deseado, simplemente porque así lo decidió el algoritmo.
Hoy, en 2025, a pocos meses de iniciarse el proceso de admisión para el año escolar 2026, la incertidumbre es total. ¿Seguirá vigente el SAE tal como lo conocemos? ¿Se modificará su estructura? ¿Se eliminará o reformará la tómbola?
La respuesta, por ahora, es ambigua. El sistema no ha sido oficialmente derogado, y el Ministerio de Educación aún lo tiene operativo para la postulación del segundo semestre. Sin embargo, en el Congreso avanza un proyecto para reemplazar el actual SAE por un nuevo modelo mixto, que permita a los establecimientos de alta demanda —especialmente liceos emblemáticos o técnicos de excelencia— incorporar criterios como rendimiento académico, entrevistas de motivación, cercanía territorial y prioridad a hermanos, entre otros.
Además, varias bancadas parlamentarias han exigido la eliminación definitiva del sorteo aleatorio cuando la demanda supera la oferta de vacantes, y su reemplazo por mecanismos “basados en méritos y criterios objetivos”. A ello se suma que el Presupuesto 2024 no contempló fondos específicos para el perfeccionamiento del sistema digital de admisión, lo que muchos interpretan como una señal política clara de que el SAE, tal como lo conocemos, no tiene proyección a largo plazo.
En medio de este debate, el Ministerio de Educación no ha aclarado públicamente si el SAE será reformado para el proceso 2026, ni ha transparentado qué elementos concretos se mantendrán y cuáles se suprimirán. Esta falta de definición, en un sistema que afecta a más de medio millón de familias, no es aceptable.
Chile necesita una política de admisión escolar que combine equidad con sentido común. Que proteja a los más vulnerables sin castigar el esfuerzo, que promueva la integración sin impedir la libertad de elección, y que ponga en el centro a los niños, no al algoritmo.
A diez años del inicio del SAE, es hora de dejar atrás la ideología ciega y escuchar, de una vez por todas, a quienes más importan en este proceso: las familias. Y ellas ya lo dijeron: quieren un sistema que sea justo, pero también cercano, humano y transparente.
