La pesquisa busca determinar si existieron anomalías en las decisiones del magistrado que, de encontrarse, incurriría en altas sanciones.
A fin de “esclarecer algunos hechos que requieren mayor precisión”, el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Omar Astudillo determinó este lunes abrir una investigación administrativa hacia el juez Daniel Urrutia, tras la polémica que lo envuelve por permitir videollamadas a reos de alta peligrosidad vinculados al Tren de Aragua.
La medida fue tomada por el pleno del Tribunal de Alzada, circunstancia en la que también se revocó la permisión de contacto con el exterior (videollamadas) a los reclusos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas) y acceso a visitas íntimas.
En esa línea, en la Sétima Sala de la Corte de Apelaciones se invalidó las autorizaciones otorgadas por Urrutia y dejó sin efecto la apelación del 25 de enero pasado.
Al respecto, Astudillo explicó que la pesquisa administrativa busca determinar si existieron irregularidades en las sentencias de Urrutia, ya que en caso de detectar anomalías, el juez podría recibir desde una amonestación hasta la desvinculación del cargo.
Cabe destacar que el magistrado confesó haber recibido amenazas de muerte tras darse a conocer el caso a través de todas las plataformas de comunicación, mientras que su decisión se fundó en que se le recomendó mantener vínculos sociales y afectivos” con el exterior.
Sobre la indagatoria, se considera las tres autorizaciones para videollamadas a cuatro reclusos y la permisión para que un reo colombiano condenado por tráfico de drogas accediera un encuentro íntimo.
Ante esto, Gendarmería de Chile presentó un recurso a la justicia y que llegó a la Corte de Apelaciones, la que determinó no innovar las decisiones del juez Urrutia.