La jornada del 31 de julio, se realizó la sesión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, a fin de conocer los planteamientos de los expertos por la iniciativa que modifica el sistema registral y notarial en Chile. En la instancia expuso Valeria Ronchera, académica y presidenta de la Fundación Rednotarial, quién aportó con antecedentes para que el proyecto se aprobase, posteriormente, en la discusión de la comisión del Senado de este lunes 7 de agosto.
La iniciativa propone, en varios de sus puntos, mejorar la fiscalización, las barreras de entrada y discrecionalidad en nombramiento, disminuir las asimetrías de este mercado, modernizar la actividad notarial y aumentar la competencia dentro del mercado notarios. Pero, Ronchera explicó que una de las principales barreras para poder ejecutar el plan es la falta de definición que se le otorga al notario público en el concepto jurídico.
Por eso consultó “¿cómo es que se garantizará realmente lo anterior si no sabemos cuál es realmente la función notarial por ausencia y definición y descripción del cargo a nombrar? ¿Con qué entidades se interrelaciona el sistema a fin de dar mejor acceso a los servicios al ciudadano?”.
En esa línea sostuvo que los elementos que se deben considerar en la eventual aplicación del proyecto es la “función notarial; acto jurídico; el concepto de ordenamiento jurídico del tipo latino, qué es lo que es el derecho notarial con sus principios; la clasificación de los mismos la solemnidades formales, y la interacción con los demás entidades” del Estado, ya que “se debe considerar también las múltiples áreas dimensiones e instituciones que involucran la ejecución de las funciones” del notario público.
Por su parte, acusó que “no podemos esperar que una Ley obligue a entregar mejor servicio, como tampoco podemos dejar en la indefensión a las personas que celebran actos y contratos de manera electrónica, ya que con la legislación vigente sumada a la actual técnica en que se encuentra el desarrollo tecnológico, se puede ejercer la fe pública notarial teniendo al individuo como eje principal, sin necesidad de esperar modificaciones legales las que, por regla general, llegan tarde a la regulación, o bien, nacen obsoletas”.
Por eso la académica propuso “crear una mesa experto para que logre la definición y las propuestas anteriores”, compuesta por “dos representantes del sistema notarial, somos los operadores, uno del conservador, uno de gobierno digital, uno del Servicio de Impuestos Internos, un representante registro civil, uno de la Dirección del Trabajo, de la autoridad certificadora por supuesto Ministerio de Justicia, un representante del Poder Judicial, un profesional experto en derecho tecnológico y el profesional más competente en el área de la informática y políticas públicas de esta materia”
