Por Ricardo Rincón González
Abogado, ex parlamentario
En un país donde la edad promedio de jubilación supera los 65 años y las pensiones mínimas apenas alcanzan los $224.000 mensuales , resulta chocante que el presidente Gabriel Boric, con solo 40 años, esté habilitado para recibir una pensión vitalicia. Este beneficio, reservado para exmandatarios, se vuelve especialmente cuestionable en el actual contexto de estrechez fiscal.
Chile enfrenta un déficit fiscal que ha obligado al gobierno a recortar US$2.000 millones del gasto público y a postergar la meta de equilibrio estructural hasta 2027 . Además, la deuda pública ha alcanzado el 42,3% del PIB, limitando la capacidad del Estado para responder a futuras crisis . En este escenario, asignar recursos a pensiones vitalicias para expresidentes jóvenes parece una decisión desconectada de las prioridades nacionales.
La reciente reforma de pensiones, promulgada por el propio Boric, busca mejorar las jubilaciones de 2,8 millones de chilenos, con aumentos entre un 14% y un 35% . Sin embargo, estas mejoras aún están lejos de garantizar una vejez digna para muchos. Mientras tanto, el otorgamiento de una pensión vitalicia a un expresidente en plena edad productiva envía un mensaje contradictorio sobre la equidad y la responsabilidad fiscal.
Es necesario reevaluar los criterios para la asignación de pensiones vitalicias, considerando factores como la edad y la situación económica del beneficiario. En tiempos de austeridad, el Estado debe priorizar el bienestar de la mayoría y evitar privilegios que no se justifican ni ética ni financieramente.
