La decisión del Tribunal Constitucional de remover a la senadora por vender al Estado la casa de Salvador Allende marca un precedente legal que pone en la mira a otros parlamentarios con vínculos contractuales con organismos públicos.
La aún no formalizada destitución de la senadora Isabel Allende (PS) por parte del Tribunal Constitucional, tras firmar un contrato con el Estado para vender la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, por $933 millones, generó un fuerte impacto político y jurídico. Aunque la sentencia aún no se ha emitido oficialmente, el acuerdo interno de los ministros sienta un precedente que podría abrir la puerta a múltiples solicitudes de destitución contra otros parlamentarios.
Un reportaje de The Clinic reveló que varios legisladores —incluyendo a Juan Castro Prieto, Fidel Espinoza, Jaime Mulet, Ximena Ossandón y Luciano Cruz-Coke— han tenido o mantienen vínculos contractuales con el Estado a través de sociedades propias o familiares, lo que podría entrar en conflicto con lo establecido en el artículo 60 de la Constitución.
La norma, que rara vez se había aplicado, prohíbe expresamente que diputados o senadores mantengan contratos con el Estado durante su mandato. El caso de Allende podría abrir un nuevo estándar judicial, y desde el TC ya se anticipan escenarios: desde una oleada de requerimientos hasta la posibilidad —más remota pero no descartada— de que se revierta la decisión filtrada si no se formaliza en la sentencia final.