Colombia, Brasil y Bolivia expresan preocupación ante una posible intervención, mientras EE.UU. despliega buques y fuerzas para combatir presunto narco-terrorismo.
Estados Unidos ha desplegado tres destructores clase Aegis —USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson— junto con cuatro mil soldados en el Caribe, en aguas cercanas a Venezuela, como parte de una operación para combatir a cárteles de droga catalogados como grupos terroristas. Este despliegue forma parte de la estrategia del presidente Donald Trump para enfrentar el flujo de fentanilo y otras sustancias ilícitas hacia su país.
La reacción regional no se hizo esperar. En Colombia, el presidente Gustavo Petro denunció que una intervención militar sería un grave error, advirtiendo que se podría repetir una crisis como la de Siria, y envió un mensaje diplomático de alerta a Washington. En Brasil, el presidente Lula instruyó a sus fuerzas armadas a monitorear los movimientos estadounidenses y evaluar posibles medidas ante una eventual crisis migratoria por la frontera con Venezuela. Bolivia, por su parte, rechazó con vehemencia el despliegue y llamó a integrar a organismos como la CELAC y UNASUR para defender la paz y la soberanía regional.
Desde Caracas, Nicolás Maduro respondió anunciando el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio venezolano, en una señal de resistencia ante lo que calificó como amenazas “extravagantes”, y reafirmando que su gobierno es víctima de una campaña difamatoria impulsada desde Estados Unidos.
La escalada militar en el Caribe marca un nuevo capítulo de tensión en la región, donde opera una compleja trama de intereses de seguridad, soberanía y alianzas políticas.