Un ciudadano venezolano imputado por el homicidio del empresario José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, fue liberado el pasado 10 de julio tras recibir una orden judicial que dejaba sin efecto su prisión preventiva. Menos de 24 horas antes había sido formalizado y enviado a prisión por su presunta participación en el crimen ocurrido el 19 de junio en la comuna de Ñuñoa, donde habría actuado como sicario a cambio de dinero.
El imputado, identificado como Osmar Alexander Ferrer Ramírez, fue puesto en libertad luego de que Gendarmería recibiera una resolución del 8° Juzgado de Garantía de Santiago que revocaba la medida cautelar. Sin embargo, dicha orden es ahora objeto de una investigación, ya que se sospecha que podría tratarse de un documento falsificado o emitido por error.
Desde el Poder Judicial informaron que en un intervalo de apenas once minutos se emitieron tres documentos distintos: dos que establecían la prisión preventiva y uno que la anulaba. Este último habría sido generado como parte de una corrección relacionada con los datos del imputado, pero terminó siendo interpretado como válido para su liberación.
La Corte de Apelaciones de Santiago inició un sumario administrativo para esclarecer el origen de la resolución. En paralelo, la Fiscalía Nacional investiga si existió una intervención maliciosa o un hackeo al sistema. También se han realizado reuniones entre el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema y el Ministerio Público para revisar los protocolos de emisión y validación de resoluciones judiciales.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, calificó el hecho como “inexplicable y grave”, advirtiendo que este tipo de situaciones compromete la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial y penitenciario.
Mientras tanto, Ferrer, quien estaría vinculado a la organización criminal Tren de Aragua, permanece prófugo. Las autoridades intensificaron su búsqueda, mientras crece la preocupación por los vacíos en los mecanismos de control y seguridad del sistema penal chileno.