La Corte Suprema de Argentina confirmó la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ratificando la sentencia a seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. El fallo, relacionado con el caso de corrupción conocido como “Vialidad”, marca el fin de su carrera política y la excluye de las próximas elecciones legislativas del 7 de septiembre.
El caso involucra el direccionamiento de decenas de contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz durante sus mandatos entre 2007 y 2015, que habrían beneficiado de manera irregular al empresario Lázaro Báez. Con la decisión del máximo tribunal, ya no queda ninguna instancia judicial nacional a la que recurrir.
A sus 72 años, Fernández podría solicitar el cumplimiento de la condena bajo arresto domiciliario, algo que deberá evaluar un tribunal de ejecución penal. El expediente ahora regresa al tribunal que dictó la condena, el cual tendrá cinco días hábiles para fijar la fecha en la que deberá presentarse para iniciar el cumplimiento de su pena.
La resolución judicial generó una fuerte reacción política. Desde el oficialismo peronista se habla de una persecución judicial con motivaciones políticas, mientras que desde sectores opositores y el gobierno actual se valora la sentencia como un hito institucional en la lucha contra la corrupción.
El impacto de la condena es profundo: Cristina Fernández era hasta ahora una figura clave del peronismo y su salida reconfigura el mapa político argentino. Sin posibilidad de postularse, su rol como líder también podría entrar en cuestionamiento, abriendo espacio a nuevas figuras dentro del movimiento, como el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
A pesar del fallo definitivo, Cristina Fernández ha anunciado que recurrirá a instancias internacionales para denunciar lo que considera una maniobra política en su contra. Sin embargo, en el plano local, la sentencia ya está firme y tendrá efectos inmediatos en el escenario electoral y judicial de Argentina.