Por Ricardo Rincón González, Abogado.
El reciente informe que actualiza la medición de pobreza en Chile no solo corrige cifras: las reubica como una verdadera señal de alarma nacional. Si en 2022 el 22,3% de los chilenos vivía bajo la línea de la pobreza, esto supone que casi una cuarta parte de la población enfrenta condiciones indignas de vida. Más grave aún resulta constatar que las mujeres enfrentan, además, un desempleo que supera el 10,1%, lo que configura un cuadro de vulnerabilidad económica y social preocupante.
Ante esta realidad, sorprende —e indigna— la pasividad del Gobierno, que no ha convocado ni un consejo de gabinete extraordinario ni ha anunciado un plan de choque para enfrentar estos datos. Esta indiferencia es especialmente llamativa en un Ejecutivo que se presenta como feminista, pero que no articula políticas eficaces para proteger a las mujeres que encabezan hogares y que hoy figuran como las principales afectadas.
El contraste histórico es inevitable: incluso durante la dictadura militar existieron planes específicos para enfrentar la cesantía, con programas de empleo de emergencia que si bien fueron limitados y con condiciones laborales precarias, evidenciaban una respuesta frente a una crisis social. Hoy, con mayor democracia y recursos, pareciera que la política pública se encuentra paralizada ante los problemas más básicos, desidia, inoperancia, insensibilidad que difícilmente puede pasar inadvertida ante los ojos de la gente.
Mientras tanto, son los candidatos presidenciales los que han comenzado a tomar la iniciativa: Jeannette Jara insiste en discursos sobre la desigualdad; Evelyn Matthei propone subsidios directos y la construcción de un millón de viviendas; José Antonio Kast apuesta por el pleno empleo. Pero mientras estos planes se discuten y prometen para 2026, el problema está aquí y ahora y requiere una respuesta que mientras más tarde más daños generará.
En paralelo, la economía chilena muestra síntomas de fatiga estructural: crecimiento estancado en torno al 2%-2,5%, baja inversión y alta informalidad laboral. Las advertencias del Banco Central y los expertos coinciden en que sin un shock de crecimiento real, el empleo seguirá débil y la pobreza podría incluso aumentar.
El foco debiera estar en reactivar sectores que generan empleo femenino formal —como el comercio, la atención de salud y la educación parvularia— e incentivar el emprendimiento y la reconversión laboral con capacitación efectiva y acceso al crédito. Pero el Gobierno permanece mudo, atrapado en su propia agenda ideológica y en su parálisis administrativa, silente ante una realidad de la que es, en gran parte, el responsable principal por la promoción y apoyo a decisiones económicas no neutras en el devenir de nuestra economía, como las 40 horas, el aumento sustancial del ingreso mínimo o la constante apuesta por impuestos que sólo espantan inversión cuando no la detienen o hacen migrar.
Lo más preocupante es que la pobreza y el desempleo femenino están siendo tratados como un dato estadístico más y no como lo que son: una emergencia social que amenaza el presente y futuro de millones de chilenas y chilenos.
Mientras en otros tiempos —aun en gobiernos autoritarios— se implementaron planes para, al menos, paliar la cesantía, hoy no hay ni siquiera un diagnóstico claro ni una hoja de ruta. El costo de esta indiferencia lo pagan las mujeres que buscan trabajo y no encuentran, los hogares que no llegan a fin de mes y un país que se conforma con crecer poco y mal.
Chile necesita mucho más que discursos y consignas: necesita recuperar la capacidad de actuar ante los problemas reales, especialmente cuando afectan directamente a quienes más lo necesitan. No hacerlo deslegitima la acción política, horada la democracia y siembra el camino a populismos y autocracias, cuando no formas de gobierno peores y de las que es muy difícil salir.