Una cláusula en la nueva Ley de Reajuste del Sector Público obliga a funcionarios mayores de 75 años a jubilarse, generando críticas por discriminación etaria y por dejar fuera a altas autoridades. Expertos alertan sobre el impacto cultural y llaman a erradicar estereotipos.
Una intensa polémica ha generado una disposición incluida en la Ley de Reajuste del Sector Público, la cual establece el retiro obligatorio de todos los funcionarios que superen los 75 años de edad. Aunque la norma busca renovar el aparato estatal, ha sido duramente criticada por lo que muchos consideran una medida “anti vejez”, centrada únicamente en la edad y no en la capacidad de las personas.
El punto más controversial ha sido la exclusión de ciertos cargos de esta obligación, entre ellos parlamentarios, notarios y ministros de Estado, lo que ha abierto un debate sobre la equidad y coherencia de la norma.
Según el último Censo, el 20% de la población chilena corresponde a adultos mayores, y se estima que más de tres mil funcionarios públicos actualmente sobrepasan los 75 años.
Para Eduardo Toro, director de la Fundación Conecta Mayor, esta política envía un mensaje negativo a la sociedad: “Le está diciendo al resto, por ejemplo, al sector privado, que no es necesario contratar a las personas mayores. Aquí es clave erradicar estereotipos anacrónicos: las personas mayores están más vigentes que nunca”.
Desde el Gobierno reconocen el malestar y explican que aún hay margen para revisar la implementación. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que la norma comenzará a regir recién en 2027: “Hay tiempo para hacer las distinciones que correspondan, especialmente en el caso de las universidades”.
