Por Ricardo Rincón González. Abogado, exparlamentario.
La reciente revelación del informe de la Contraloría General de la República, que detecta irregularidades en el registro de dosis y un alarmante desperdicio de vacunas contra el COVID-19 durante la gestión 2024, constituye una señal clara del fracaso de la conducción sanitaria encabezada por la subsecretaria Andrea Albagli. No se trata sólo de números mal ingresados en planillas, sino de decisiones políticas erráticas que comprometen recursos públicos, credibilidad institucional y, por sobre todo, la salud de la población.
El Ministerio de Salud, bajo esta administración, ha mostrado una preocupante mezcla de falta de planificación, opacidad y negligencia. La merma millonaria de vacunas, en un país que hasta hace poco era modelo de vacunación en la región, no puede entenderse como un simple error logístico. Las vacunas tienen fechas de expiración, condiciones de almacenamiento estrictas y requieren una estrategia clara para su distribución eficiente. Nada de eso parece haber estado en el radar de las autoridades actuales.
La Subsecretaría de Salud Pública, en manos de una autoridad ligada al Frente Amplio, ha convertido una política sanitaria crítica en una improvisación constante. La baja velocidad de vacunación registrada este año no sólo pone en riesgo a los grupos más vulnerables, sino que también erosiona la confianza en el sistema de salud pública. No hay excusa aceptable cuando se desperdician millones de pesos del presupuesto nacional —provenientes del esfuerzo de todos los contribuyentes— por falta de gestión técnica y política.
Las declaraciones de la diputada Ana María Gazmuri, quien exige explicaciones serias, cifras exactas y responsables identificados, dan cuenta del hastío transversal en el Congreso. Incluso voces oficialistas comienzan a desmarcarse de una gestión insostenible. No es casualidad que se pida la intervención del Consejo de Defensa del Estado: cuando el desorden administrativo compromete el erario público, debe intervenir la institucionalidad que protege el interés fiscal.
Es momento de asumir responsabilidades. Ni la militancia política ni el activismo identitario pueden seguir usándose como blindaje frente a una administración deficiente. La salud pública requiere rigor técnico, liderazgo estratégico y rendición de cuentas. Hoy, la conducción del MINSAL —y en especial la Subsecretaría de Salud Pública— carece de esos tres pilares.
Chile merece una política sanitaria seria. El costo de la negligencia lo están pagando los ciudadanos, con menos acceso a vacunas, con incertidumbre y con recursos perdidos. No basta con explicaciones tardías. Se requiere una reestructuración profunda y un compromiso real con la gestión pública eficiente. De lo contrario, lo que se está malgastando no son sólo vacunas, sino también la legitimidad de todo un sistema de salud.