Editorial
En un momento en que las finanzas públicas enfrentan presiones crecientes por aumento del gasto, baja en los ingresos estructurales y una deuda que se acerca peligrosamente al 45% del PIB, conviene mirar con atención una cifra que ha pasado casi inadvertida, pero que dice mucho de cómo está estructurado el Estado chileno: más del 95% de los recursos que aportan las empresas públicas al fisco provienen solo de dos instituciones: Codelco y BancoEstado.
Según el último balance consolidado de la Dirección de Presupuestos (Dipres), de 28 empresas públicas, solo 18 realizaron transferencias al Estado. Y de esas, solo dos explican prácticamente la totalidad del ingreso fiscal por este concepto. Es decir, el resto del ecosistema de empresas estatales –que consume recursos, opera bajo baja productividad en muchos casos, y permanece protegido de la competencia– apenas genera retorno financiero para las arcas públicas.
Este dato debiera encender todas las alarmas. Porque si el modelo de desarrollo económico y fiscal depende en gran medida de la rentabilidad de dos entidades, entonces el país está peligrosamente expuesto a los vaivenes de los precios del cobre y a la estabilidad del sistema financiero estatal. Lo que tenemos no es un sistema robusto de empresas estratégicas, sino una dependencia excesiva de un duopolio fiscal silencioso.
La paradoja es que, mientras tanto, buena parte del debate político se ha centrado en expandir el tamaño del Estado, sin discutir en serio la eficiencia del aparato público, la evaluación de desempeño de sus empresas, ni la urgencia de abrir espacios a la competencia o alianzas público-privadas que eleven productividad y rentabilidad. Se habla mucho de nuevos derechos, pero poco de cómo financiar con responsabilidad y de forma sostenible esos compromisos.
En este escenario, la elección presidencial que se aproxima debiera poner este tema en el centro del debate: ¿Queremos un Estado que gasta más, sin revisar cómo ingresa, cómo invierte y qué retorno obtiene de sus activos? ¿O estamos dispuestos a mirar con seriedad el mapa de empresas públicas, evaluarlas, desinvertir donde no hay justificación estratégica, profesionalizar su gestión y abrirlas a modelos modernos de gobernanza y participación?
Chile necesita una discusión honesta y técnica sobre el rol del Estado empresario. No se trata de privatizar por dogma, pero sí de preguntarse: ¿qué empresas deben ser públicas, por qué, y cómo garantizamos que aporten valor real y no solo inercia o gasto?
Porque cuando solo dos empresas cargan con el peso de financiar al fisco, el problema no es solo de concentración. Es de modelo, de visión y de responsabilidad fiscal.