El ejército israelí bombardeó este lunes la torre al-Roya, un edificio de 12 pisos ubicado en Ciudad de Gaza, que albergaba la sede principal del Centro Palestino de Derechos Humanos (PHCR). La demolición se produjo tras una advertencia previa y forma parte de la estrategia de presión israelí para desplazar a la población palestina de la zona.
El PHCR es un organismo clave en la denuncia de violaciones de derechos humanos en la Franja, y su destrucción supone un nuevo golpe a las organizaciones civiles en medio del conflicto.
En paralelo, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, llamó a consultas a la embajadora de España en Tel Aviv, tras las “calumniosas acusaciones” de Israel contra su país y las medidas que impiden la entrada a dos ministras españolas: la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
Desde Gaza, la milicia Hamás celebró la decisión española, calificándola como “un paso político y moral significativo” en los esfuerzos internacionales por detener lo que consideran una guerra de genocidio y desplazamiento contra el pueblo palestino.