La Corte Suprema concluyó que los bienes del dictador fueron adquiridos con fondos públicos, lo que cierra una batalla legal de más de 20 años.
La Corte Suprema de Chile resolvió que los herederos de Augusto Pinochet deberán restituir al Estado más de 16 millones de dólares, al considerar que esos fondos fueron obtenidos de manera ilícita mediante la sustracción de caudales públicos durante su régimen dictatorial.
La decisión confirma que el patrimonio acumulado por el exmandatario no fue producto de ingresos personales ni legales, sino de desvíos sistemáticos de recursos fiscales a cuentas privadas. Con este fallo, se pone fin a una larga disputa judicial que se extendió por más de dos décadas y que involucra una red financiera investigada desde el caso Riggs en 2004.
El máximo tribunal ordenó además que se embarguen diversos bienes y propiedades para concretar la restitución. La resolución representa un paso clave en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas por los crímenes económicos cometidos durante la dictadura militar.