El Juzgado de Garantía de Antofagasta impuso la medida cautelar tras la acusación por presunto fraude al fisco. La defensa niega su participación directa y critica la falta de pruebas concretas presentadas por la fiscalía.
Este lunes, el Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó arresto domiciliario total para la diputada Catalina Pérez, investigada por el delito de fraude al fisco en el marco del Caso Democracia Viva, que involucra millonarios convenios entre fundaciones y organismos públicos.
Gonzalo Medina, abogado defensor de la parlamentaria, expresó su disconformidad con la medida cautelar, asegurando que la fiscalía no cuenta con antecedentes suficientes que vinculen directamente a Pérez con los hechos. En conversación con Tele13 Radio, indicó que el equipo defensor había solicitado una medida menos gravosa, como la firma mensual.
“La fiscalía no la acusa de haber sabido de los convenios, la fiscalía la acusa de que ella convenció al exseremi de invitar a la Fundación Democracia Viva, y que convenció a Daniel Andrade de postular. Y si uno revisa la declaración de las personas encargadas de la selección de las fundaciones, si uno revisa lo que declaran todas las personas del Serviu involucradas, ninguno de ellos recuerda que Catalina Pérez o su nombre haya aparecido”, sostuvo Medina.
El abogado también cuestionó los elementos que sustentan la acusación, entre ellos mensajes de correo electrónico y de WhatsApp que, según dijo, no demuestran intervención directa en la firma de los convenios. “Son algunas comunicaciones de correos electrónicos, algunas comunicaciones de WhatsApp… particularmente genera mucho resquemor estas comunicaciones ocurridas cuando el caso estalló”, dijo, aludiendo a la conversación de Pérez con Daniel Andrade, exdirigente de Revolución Democrática y su expareja.
Medina se refirió a esos intercambios, a los que tuvo acceso la fiscalía y Tele13, en los que ambos coordinaban cómo abordar públicamente la crisis una vez que el caso se conoció. “La misma diputada ha reconocido que esos mensajes son calificados al menos de desafortunados, pero fue en un contexto de una explosión mediática, de una crisis, ella expuesta al centro de todo esto, veía involucrada a quien era su pareja en ese minuto, y se tomaron decisiones precipitadas, desafortunadas para intentar salir del paso”, explicó.
Y agregó: “Pero de ahí a decir ‘si eso sucedió a mediados del 2023, aunque no tenga evidencia que hizo algo el 2022, debería entender que si lo hizo también’. Ese salto lógico a mí me parece complejo de acreditar. Uno podría, quizás, darlo sin más en un juicio político. Pero cuando se trata de decidir si la gente es privada de libertad o no, yo creo que el ordenamiento jurídico pide un poquito más de rigurosidad”.
Finalmente, Medina recordó que ya han declarado 47 personas en la investigación y ninguna ha señalado que Pérez haya intervenido directamente en los hechos. La diputada, en tanto, permanecerá bajo arresto domiciliario total mientras continúa el desarrollo del caso judicial.