La resolución descartó que existan indicios que acrediten gestiones realizadas por la parlamentaria “al margen de la ley”, como intentó sostener la Fiscalía. “El tribunal lo que hace es fallar conforme a la ley”, señaló el abogado defensor, Juan Carlos Manríquez.
El 7° Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, de abrir las cuentas bancarias de la diputada Karol Cariola, tras concluir que no existen antecedentes que permitan sostener que haya actuado fuera de la ley en el marco de la investigación en su contra, liderada por Cooper.
En la resolución, el juez Patricio Álvarez fue categórico: “De los antecedentes acompañados no se advierte la existencia de sospechas fundadas sobre la participación de la imputada doña Karol Cariola Oliva en los delitos de cohecho […] o tráfico de influencias”, señaló.
Asimismo, el magistrado también descartó que existan indicios que acrediten gestiones o exigencias realizadas por la parlamentaria “al margen de la ley”, como pretendía sostener la Fiscalía.
Tras conocerse la resolución, el abogado defensor de la diputada, Juan Carlos Manríquez, valoró el fallo indicando que este se ajusta a derecho: “La causa se ha mantenido en reserva durante muchos meses. Nosotros nos hemos enterado ahora por noticias de prensa, revisando los antecedentes que recibimos después de esta. Pero viéndolos, el tribunal lo que hace es fallar conforme a la ley. Deja establecido que no hay antecedentes para vincular a la señora Cariola con un delito de cohecho ni tampoco de tráfico de influencias, y que la solicitud de alzamiento de su secreto bancario era tanto impertinente como infundada”, afirmó.
Además, el abogado precisó que, en ningún caso, la defensa se ha opuesto a la apertura de las cuentas bancarias, y reiteró la voluntad permanente de su representada de colaborar con la investigación.
La decisión dada a conocer durante esta jornada, pero que tiene por fecha el 23 de abril, representa un nuevo revés judicial para el fiscal Cooper, y se suma a lo ocurrido el pasado 15 de abril, cuando el mismo tribunal acogió una cautela de garantías presentada por la defensa de Cariola y ordenó corregir los errores contenidos en el informe policial que sirvió de base para el allanamiento realizado el mismo día de su parto.
De esta manera, el tribunal no solo rechazó una diligencia intrusiva solicitada por el Ministerio Público, sino que descartó expresamente que existan elementos que vinculen a la diputada con actos ilegales.