Por Ricardo Rincón González, Abogado.
El episodio conocido por estos días respecto de Corfo no es un simple desajuste administrativo. Es la expresión concreta de cómo una cadena de errores de estimación termina impactando directamente las arcas fiscales y debilitando el patrimonio del Estado.
Los hechos son elocuentes. Una sobreestimación de los ingresos que recibiría Corfo por contratos de litio en 2025 llevó a que la Ley de Presupuestos incorporara un traspaso de US$ 737 millones desde la corporación al Fisco para financiar “gasto general de la nación”. Pero cuando esos ingresos no se materializaron en la magnitud proyectada, la solución no fue ajustar el gasto, sino forzar a Corfo a liquidar activos.
El resultado: venta de activos financieros, liquidación de inversiones transitorias y transferencia de recursos provenientes de reembolsos con bancos multilaterales, por un total de US$ 387 millones. Solo en venta de instrumentos financieros se enajenaron US$ 236 millones. No se tocaron participaciones en empresas, es cierto. Pero eso no atenúa el problema de fondo: se consumió patrimonio financiero para cubrir una brecha generada por una mala estimación.
En términos simples, el Estado gastó hoy lo que no había ingresado, y lo hizo echando mano a sus reservas.
Este no es un asunto contable menor. Cuando una entidad como Corfo liquida bonos bancarios y desarma posiciones financieras para cumplir una exigencia presupuestaria, se producen al menos tres efectos relevantes.
Primero, se debilita su capacidad futura de inversión. Corfo no es una caja pagadora del Tesoro; es un brazo estratégico de desarrollo productivo. Cada dólar liquidado hoy es menor capacidad de apalancamiento mañana.
Segundo, se introduce volatilidad innecesaria en la gestión patrimonial del Estado. Las inversiones financieras no son un “colchón” diseñado para cubrir errores de cálculo político, sino instrumentos de administración prudente de recursos. Forzar su liquidación puede implicar pérdidas de oportunidad, costos financieros y menor rentabilidad estructural.
Tercero, y quizás más grave, se instala una señal de improvisación fiscal. La Ley de Presupuestos no puede transformarse en una apuesta optimista respecto de ingresos futuros, menos aún cuando estos dependen de mercados tan cíclicos como el del litio. La disciplina fiscal no consiste solo en contener el gasto, sino también en proyectar con realismo.
El problema no es el litio en sí. Es la gestión.
Durante este gobierno hemos visto reiterados desajustes en estimaciones económicas: ingresos fiscales sobrevalorados, reformas que no recaudan lo previsto, crecimiento por debajo de lo proyectado y ahora traspasos presupuestarios sustentados en flujos que no llegaron. Cada error aislado puede parecer manejable; acumulados, erosionan credibilidad y patrimonio.
Porque cuando se sobreestima el ingreso y se compromete gasto en función de él, el ajuste posterior no es neutro. O se recorta gasto —con costo político— o se consumen activos —con costo patrimonial— o se incrementa deuda —con costo financiero—. En este caso, se optó por la segunda vía.
El efecto final es claro: el Fisco recibió recursos, pero el Estado como un todo se empobreció en activos financieros. No es lo mismo financiar gasto corriente con ingresos estructurales que hacerlo con liquidación de patrimonio.
Más allá de la coyuntura, lo ocurrido obliga a una reflexión institucional. ¿Qué mecanismos de control ex ante existen para validar las proyecciones de ingresos extraordinarios? ¿Qué grado de autonomía real tiene Corfo para resistir exigencias que comprometen su balance? ¿Se evaluó el impacto financiero de liquidar activos en diciembre, en condiciones de mercado específicas?
La responsabilidad fiscal no es un eslogan; es una arquitectura. Cuando se debilita esa arquitectura con proyecciones optimistas o decisiones apresuradas, el costo no se diluye: queda registrado en balances, en menor capacidad de inversión y en menor credibilidad.
El litio ha sido presentado como el gran motor de desarrollo del futuro. Pero el desarrollo no se construye sobre estimaciones erradas ni sobre la utilización de activos como caja de emergencia presupuestaria. Se construye sobre prudencia, rigor técnico y disciplina.
Cuando el error lo paga el patrimonio del Estado, lo termina pagando el país entero.