Editorial
El reciente balance de Correos de Chile, con pérdidas que superan los $692 millones de pesos en el primer semestre, más del triple que el año anterior, es más que una alerta contable. Es el espejo de una crisis estructural en la gestión de las empresas públicas chilenas, que exige transparencia, auditoría y una redefinición profunda de su rol económico y social.
Correos, con 277 años de historia, no enfrenta sólo la competencia del comercio electrónico ni el avance tecnológico. Enfrenta una ausencia de gobierno corporativo eficaz, de control de costos, de reinvención estratégica y —lo más grave— de un sistema de supervisión estatal que no ha sabido anticipar el deterioro. La pérdida se produce en un contexto en que los ingresos por envíos y paquetes aumentan, lo que confirma que el problema no es el mercado, sino la gestión.
La pregunta de fondo es: ¿cuántas empresas públicas más están en rojo, pero sin la visibilidad mediática de Correos?. ENAP, Metro, EFE, TVN y otras operan bajo estructuras híbridas donde el Estado es dueño, pero sin control eficiente de desempeño. El modelo actual de supervisión por ministerios sectoriales, sin coordinación ni estándares comunes, ha demostrado su agotamiento.
Más que despidos o digitalización tardía, lo que urge es una auditoría integral por parte de la Contraloría General de la República (CGR) sobre todas las empresas públicas y filiales estatales. Una fiscalización que no se limite a la legalidad del gasto, sino que mida eficiencia, resultados y cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Si la CGR puede auditar municipios y ministerios, también debería hacerlo con empresas públicas que manejan miles de millones de pesos y compiten con privados en mercados abiertos.
No se trata de privatizar, sino de modernizar el control público, de asegurar que los recursos del Estado se gestionen con la misma disciplina que se exige al sector privado. La Ley de Presupuestos en discusión ofrece una oportunidad para establecer esta obligación: crear una Unidad de Control de Empresas Estatales dependiente de la CGR, con atribuciones para auditar, emitir informes públicos y recomendar medidas correctivas.
Porque si Correos de Chile es hoy el rostro visible de la crisis, el resto del sistema podría estar enfermo en silencio. Y cuando el Estado pierde el control de sus propias empresas, no sólo se erosionan las finanzas públicas, sino también la confianza ciudadana en la capacidad del país para administrar sus bienes comunes.