El documento, entregado al Presidente Gabriel Boric, contempla medidas de reparación a víctimas, restitución de tierras y reconocimiento constitucional del pueblo mapuche. La propuesta no logró unanimidad.
Este martes, los integrantes de la Comisión para la Paz y el Entendimiento hicieron entrega oficial al Presidente Gabriel Boric del informe final con propuestas para abordar de manera estructural el conflicto territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
La comisión —instalada en junio de 2023— concluyó su labor el pasado 30 de abril tras dos prórrogas. Aunque sus integrantes aspiraban a consensuar un informe por unanimidad, finalmente se aprobó con siete votos a favor y uno en contra, del comisionado Sebastián Naveillán.
Uno de los principales puntos de desacuerdo fue la restitución de tierras a comunidades mapuche y los mecanismos para su implementación. También se abordaron medidas de reparación para víctimas de la violencia vinculada al conflicto.
Durante el proceso, participaron más de 5.100 personas a través de encuentros interculturales, reuniones autoconvocadas y sesiones territoriales. Las consultas incluyeron a comunidades indígenas, víctimas, gremios productivos, autoridades regionales, académicos y organismos internacionales con experiencia en procesos de paz.
El copresidente de la comisión, el senador Francisco Huenchumilla (DC), destacó la importancia del diálogo: “Nuestra tarea termina acá. El éxito o fracaso de esta propuesta está en manos de quienes conducen el Estado. Aquí está en juego el destino del sur de Chile”.
El informe identifica cinco ejes de trabajo: justicia y reconocimiento, reparación a víctimas, restitución de tierras, desarrollo territorial y garantías de implementación. Entre las recomendaciones figuran el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche, una ley de reparación a víctimas, una agencia de restitución de tierras y medidas de desarrollo económico para las zonas afectadas.
La implementación de estas propuestas, subraya el informe, dependerá del compromiso político del gobierno y del Congreso, así como de la voluntad de todos los actores sociales involucrados.