Por Ricardo Rincón González
Abogado, ex parlamentario
El reciente informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) no deja lugar a dudas: Chile se encuentra en un punto de inflexión fiscal. La persistencia de déficits estructurales y la falta de ajustes oportunos en el gasto público han acercado peligrosamente la deuda bruta al nivel prudente del 45% del PIB, limitando el espacio de gasto público actual y futuro .
El incumplimiento de la meta estructural de 2024 refleja una falta de ajuste oportuno del gasto y de corrección de las proyecciones de ingresos fiscales, que también incidió en la Ley de Presupuestos de 2025 . Las medidas de mitigación administrativas por sí solas son insuficientes para cumplir las metas fiscales. El estrés fiscal se ha vuelto permanente, y para 2025 y 2026 se avizora un nuevo incumplimiento de las actuales metas de Balance Estructural .
La situación se agrava al considerar que el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) se encuentra en un nivel muy inferior al que permitió enfrentar crisis en el pasado . Esto limita la capacidad del país para responder a futuras contingencias económicas.
Es imperativo que el Gobierno y el Congreso diseñen y consensuen una agenda concreta para cumplir con las metas fiscales de 2025 y 2026, y para fortalecer la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Esto incluye establecer un cronograma de avance de las medidas comprometidas, un mecanismo de alerta temprana y un plan alternativo con medidas adicionales dentro del ámbito de control del Ejecutivo .
La responsabilidad fiscal no es una opción, es una necesidad. El país debe actuar con decisión y prontitud para evitar que la deuda pública supere niveles prudentes y comprometa el bienestar de las futuras generaciones.
