Tras una larga indagatoria, se decidió no seguir adelante con el proceso judicial vinculado a la fallida compra de un recinto de salud por parte del municipio de Santiago.
La investigación por la cuestionada adquisición de una clínica privada por parte del municipio de Santiago ha llegado a su fin sin que se presenten cargos. La decisión fue tomada luego de que no se encontraran pruebas suficientes para sustentar una acusación penal contra las autoridades involucradas.
El caso se originó tras la intención del municipio de comprar un inmueble con fines de habilitar un centro de salud comunal. Sin embargo, la operación fue suspendida debido a observaciones respecto al valor de la compra y los antecedentes financieros de la propiedad. La gran diferencia entre el precio por el que se había adquirido anteriormente y el monto que se pretendía pagar generó críticas y sospechas de posibles irregularidades.
Durante la investigación, se tomaron declaraciones, se revisaron contratos, tasaciones y se realizaron múltiples diligencias. Sin embargo, no se logró acreditar la existencia de fraude o malversación de fondos públicos.
La decisión de no perseverar no equivale a una absolución ni al cierre definitivo del caso, ya que, si surgen nuevos antecedentes, este podría reabrirse.
Quienes estuvieron bajo investigación afirman haber actuado con transparencia, mientras que algunos sectores políticos han señalado que se trató de una maniobra para afectar la imagen pública de autoridades locales. La controversia, sin embargo, parece cerrarse sin consecuencias legales, al menos por ahora.