El Tribunal Oral en Lo Penal de Punta Arenas declaró culpable al investigador Jorge Gallardo Cerda por la violación de una científica francesa durante una expedición en la Antártica chilena. Es la primera condena de este tipo registrada en el territorio antártico.
El Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Punta Arenas (3.000 km al sur de Santiago) condenó este martes al biólogo chileno Jorge Gallardo Cerda, académico de la Universidad del Bío-Bío, por el delito de violación en contra de la ciudadana francesa F.A.L.G. Los hechos ocurrieron en 2019 durante una expedición científica en la Antártica chilena, marcando un hito inédito para la justicia nacional.
La Fiscalía, “ejerciendo soberanía en territorio antártico chileno”, formalizó al imputado vía telemática, acusándolo de haber abusado sexualmente de la víctima en razón de su género. “Estamos comprometidos con la investigación de delitos vinculados a la violencia de género, en particular los delitos sexuales que afectan a mujeres”, señaló el fiscal Cristián Crisosto, quien llevó adelante la causa desde su formalización en agosto de 2023.
El caso
El ataque ocurrió el 24 de febrero de 2019 en la Península Byers, al oeste de la Isla Livingston, en las Shetland del Sur. Según la investigación, Gallardo y la víctima se conocían de una expedición previa y compartían carpa en el campamento base. El fiscal precisó que, aprovechando las condiciones extremas y el aislamiento del lugar, el imputado se abalanzó sobre la mujer mientras esta dormía boca abajo, sometiéndola pese a su resistencia verbal.
La víctima guardó silencio durante la expedición, pero su conducta levantó sospechas en sus colegas. Al regresar a Chile, cayó en un cuadro depresivo que la incapacitó laboralmente. Finalmente, en julio de 2023 presentó la denuncia ante el Instituto Antártico Chileno (Inach), lo que dio inicio a la investigación a cargo de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI.
Tras su detención, Gallardo quedó con medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición absoluta de acercarse o comunicarse con la víctima. La lectura de la sentencia quedó fijada para el próximo 3 de octubre, instancia en la que la Fiscalía pedirá una pena de 10 años de cárcel.