El Tribunal Supremo le dio un ultimátum de 24 horas a Jair Bolsonaro para explicar por qué desobedeció las medidas cautelares que le prohíben usar redes sociales incluso a través de terceros, bajo amenaza de detención.
El expresidente fue advertido por el juez Alexandre de Moraes tras difundirse videos donde se le veía con la tobillera electrónica obligatoria y participando en entrevistas que luego circularon en redes. La orden judicial es clara: cualquier uso directo o indirecto de plataformas digitales, incluidas retransmisiones de entrevistas, está prohibido y podría llevar a su arresto.
Las medidas contra Bolsonaro incluyen el uso de un monitor electrónico, un toque de queda nocturno, la prohibición de acercarse a embajadas o diplomáticos, y la imposibilidad de comunicarse con allegados investigados, entre ellos su hijo Eduardo. Moraes le dio un lapso de 24 horas a su defensa para justificar su conducta; de lo contrario, queda expuesto a una orden de detención inmediata.
El caso ha reabierto el debate sobre libertad de expresión, ya que algunos juristas acotan que entrevistas podrían estar permitidas si no buscan evadir restricciones, mientras otros alertan que cualquier aparición pública puede justificar su prisión preventiva. El episodio también tensó las relaciones internacionales: Estados Unidos revocó el visado del juez Moraes y su entorno, mientras Donald Trump criticó las medidas y anunció aranceles a Brasil por considerar el proceso una “caza de brujas”.