En el aniversario del inicio de la dictadura cívico-militar, el presidente argentino volvió a relativizar el terrorismo de Estado y tensionó una fecha marcada por la memoria, el duelo y la justicia.
A medio siglo del golpe de Estado que inauguró una de las etapas más oscuras de la historia argentina, el gobierno de Javier Milei volvió a instalar una de las discusiones más dolorosas y políticamente sensibles del país: la cifra de los 30 mil detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.
En el marco del 24 de marzo —fecha en que se conmemora el inicio del régimen encabezado por Jorge Rafael Videla y la Junta Militar en 1976— la administración libertaria difundió nuevamente un mensaje alineado con la idea de la llamada “memoria completa”, una fórmula que organismos de derechos humanos y amplios sectores políticos y sociales consideran una forma de relativizar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado.
La controversia no es nueva, pero en este 50° aniversario del golpe adquirió un peso especial. No se trata sólo de una disputa numérica, sino de una batalla por el sentido histórico de lo ocurrido entre 1976 y 1983: secuestros, centros clandestinos de detención, torturas, robo de bebés, asesinatos y desapariciones forzadas ejecutadas desde el aparato estatal.
La cifra que el poder busca discutir
El gobierno y sectores de la derecha argentina insisten en cuestionar la cifra de los 30 mil desaparecidos, amparándose en que el informe de la CONADEP —la comisión creada tras el retorno a la democracia— documentó 8.961 casos. Pero ese dato, incluso desde la propia documentación histórica, nunca fue presentado como un número definitivo, sino como una base parcial construida en un contexto de miedo, silencio, destrucción de archivos y ausencia de registros oficiales completos.
Por eso, para los organismos de derechos humanos, la cifra de los 30 mil no es una exageración arbitraria, sino una síntesis política, histórica y moral de la magnitud del horror. La propia página oficial argentina dedicada a las Abuelas de Plaza de Mayo señala que la dictadura “desapareció a 30.000 personas” y que además cientos de bebés fueron apropiados ilegalmente durante el cautiverio de sus madres.
Desde que llegó a la Casa Rosada, Javier Milei ha tolerado, amplificado o directamente acompañado discursos que cuestionan el consenso democrático construido en Argentina tras el Juicio a las Juntas y décadas de lucha por memoria, verdad y justicia.
En este nuevo aniversario, el Ejecutivo insistió en un relato que pone el foco en la violencia política previa al golpe y en las víctimas de las organizaciones armadas, una estrategia que para sus críticos busca equiparar responsabilidades entre el terrorismo de Estado y la acción de grupos insurgentes. Esa narrativa, conocida históricamente como la “teoría de los dos demonios”, ha sido fuertemente resistida por sobrevivientes, juristas, historiadores y organismos de derechos humanos.
El punto central de la crítica no es negar que hubo violencia política antes del golpe, sino recordar una diferencia esencial: el Estado utilizó toda su maquinaria institucional para secuestrar, torturar, desaparecer y asesinar de forma sistemática, en violación absoluta de los derechos humanos y fuera de cualquier marco legal.
La calle respondió: “Que nos digan dónde están”
La respuesta social no tardó. En Buenos Aires y otras ciudades argentinas, miles de personas colmaron la Plaza de Mayo y las calles para repudiar cualquier intento de relativizar la dictadura. Organismos como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, familiares, sobrevivientes y ciudadanos comunes volvieron a levantar la consigna que atraviesa generaciones: “Son 30 mil”.
En tanto diversas instituciones en especial los clubes de fútbol profesional, mostraron su postura tajante ante los hechos ocurridos.
