El organismo acusa una presunta red de pagos ilícitos para favorecer judicialmente a la inmobiliaria Fundamenta, en medio del conflicto por su megaproyecto en Ñuñoa.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una nueva ampliación de querella en el denominado Caso Audios, esta vez por la arista Fundamenta, vinculada al polémico proyecto inmobiliario Eco Egaña, ubicado en la comuna de Ñuñoa.
La acción judicial, ingresada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, apunta contra la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, por presuntos delitos de cohecho y prevaricación; su pareja, Gonzalo Migueles, por cohecho y lavado de activos; y los abogados Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gabriel Silber, por soborno y lavado de activos.
Según el organismo, la inmobiliaria Fundamenta contrató por cuantiosas sumas al estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber para enfrentar el conflicto ambiental y judicial que mantenía con vecinos de Ñuñoa, quienes cuestionaban el megaproyecto Egaña-Comunidad Sustentable. Sin asumir formalmente el patrocinio de la empresa, los abogados habrían desarrollado gestiones irregulares destinadas a conseguir resoluciones favorables en la Corte Suprema.
La querella sostiene que los profesionales realizaron presuntos pagos ilícitos a Vivanco mediante la intermediación de Migueles, buscando influir en decisiones judiciales mientras la exmagistrada presidía la Tercera Sala del máximo tribunal. El CDE también cuestiona que Vivanco no se inhabilitara de conocer asuntos relacionados con la inmobiliaria, pese a mantener vínculos personales y económicos con los abogados involucrados, comprometiendo gravemente su deber de imparcialidad.
Además, el organismo acusa que los dineros habrían sido ocultados mediante triangulaciones y operaciones financieras para disimular su verdadero origen y destino.
La nueva acción judicial profundiza las investigaciones sobre eventuales actos de corrupción en el máximo tribunal y abre nuevas interrogantes sobre las gestiones realizadas para favorecer al controvertido proyecto inmobiliario. Las responsabilidades penales deberán determinarse judicialmente.