Editorial TN
Las guerras en el Medio Oriente suelen parecer lejanas para países ubicados al otro lado del mundo. Sin embargo, cada vez que el conflicto se instala en el corazón energético del planeta, sus efectos terminan recorriendo miles de kilómetros y golpeando directamente las economías más abiertas. Chile es una de ellas.
El reciente salto del petróleo —con el Brent crude oil superando los 100 dólares por barril y el West Texas Intermediate acercándose a ese mismo nivel tras haber escalado hasta los 120 dólares en los primeros minutos de transacción— es una señal de alerta temprana de lo que podría venir si el conflicto en torno a Irán se prolonga o se amplía a otros actores regionales.
Los mercados ya están reaccionando. Las bolsas asiáticas han sufrido fuertes caídas, los rendimientos de los bonos suben ante el temor de una nueva ola inflacionaria y el dólar vuelve a fortalecerse globalmente. El propio G7 discute liberar reservas estratégicas de crudo para intentar estabilizar los precios.
Para Chile, el impacto de este escenario es directo y potencialmente significativo.
La economía chilena importa prácticamente la totalidad del petróleo que consume. Por lo tanto, cualquier shock en el precio internacional del crudo se transmite rápidamente al costo de los combustibles, al transporte y finalmente a los precios de bienes y servicios. En otras palabras: el conflicto termina reflejándose en la inflación doméstica.
Eso ocurre en un momento particularmente delicado. El país aún intenta consolidar la reducción de la inflación posterior al shock global de los últimos años. Un nuevo impulso inflacionario provocado por la energía podría obligar al Banco Central de Chile a actuar con mayor cautela en la reducción de las tasas de interés, prolongando así un escenario de crédito caro y crecimiento moderado.
Pero el efecto no se limita a la inflación.
Un petróleo más caro también presiona el tipo de cambio. Históricamente, cuando sube el precio de la energía y aumenta la incertidumbre global, el dólar se fortalece frente a monedas emergentes como el peso chileno. Eso encarece importaciones y agrega una nueva capa de presión sobre los precios internos.
Al mismo tiempo, los mercados financieros globales ya muestran señales de nerviosismo. Las caídas en bolsas internacionales, el aumento de las tasas de los bonos y la huida hacia activos considerados seguros son típicos de un escenario de riesgo geopolítico elevado. Para economías abiertas como la chilena, altamente integradas a los mercados de capitales, ese ambiente se traduce en mayor volatilidad y condiciones financieras más exigentes.
El problema de fondo es que nadie sabe cuánto tiempo podría durar esta escalada.
Al inicio de los ataques, el presidente estadounidense Donald Trump estimó que el conflicto podría resolverse en pocas semanas. Sin embargo, la resistencia iraní, los ataques contra infraestructura energética en países del Golfo y la posibilidad —aún en evaluación— de una intervención terrestre estadounidense para destruir instalaciones nucleares han cambiado el cálculo inicial.
Si el conflicto se prolonga o escala regionalmente, el verdadero riesgo es un shock energético global más profundo. Y en ese escenario, los costos económicos para países importadores de energía como Chile podrían ser considerables.
La paradoja es que esta crisis también refuerza una lección estratégica que el país ya debería tener clara: la seguridad energética no es solo un tema ambiental o tecnológico, sino también geopolítico.
Reducir la dependencia de combustibles fósiles importados —mediante energías renovables, electrificación del transporte o desarrollo de nuevos vectores energéticos— no solo tiene beneficios climáticos. También disminuye la exposición del país a conflictos que ocurren a miles de kilómetros, pero que terminan impactando directamente el bolsillo de los chilenos.
Porque en un mundo interconectado, las guerras ya no se libran solo en el campo de batalla. También se sienten en el precio de la bencina.