La corrupción en Chile dejó de ser una amenaza abstracta para convertirse en un fenómeno que afecta la vida cotidiana: hospitales sin recursos, obras públicas mal ejecutadas, demoras injustificadas y una creciente desconfianza institucional. Así lo revela el nuevo libro del perito judicial y especialista en control ciudadano Iván Cifuentes, quien en su obra expone cómo la corrupción “no es un problema moral aislado, sino un daño estructural que termina pagando el ciudadano común”.
En el capítulo dedicado al impacto de la corrupción en la sociedad, Cifuentes afirma que los efectos del mal uso del poder son múltiples y profundos. “Cuando un peso público se desvía, no desaparece: se transforma en un servicio que no recibimos, en una oportunidad que se pierde o en una desigualdad que se agrava”, enfatiza.
El texto analiza cómo el desvío de recursos estatales y la mala ejecución de proyectos públicos se traducen en infraestructura deficiente, sobrecostos y servicios deteriorados, afectando especialmente a los sectores más vulnerables. Según Cifuentes, “la corrupción no solo beneficia a unos pocos; amplifica la desigualdad al dejar sin acceso a derechos básicos a quienes dependen del Estado”.
El autor advierte que esta situación no solo compromete la calidad de vida, sino también la estabilidad democrática: “Cuando la ciudadanía percibe impunidad, el daño no es solo económico; es un golpe directo a la confianza en las instituciones”, señala.
Participación ciudadana: la herramienta que el país aún no utiliza plenamente
El libro destaca que, pese a la magnitud del problema, existe una vía concreta para enfrentar la corrupción: la participación ciudadana. Desde las denuncias ante organismos de control hasta el acceso a la información pública y la fiscalización de elecciones, la obra insiste en que el ciudadano tiene más poder del que cree.
“No podemos combatir la corrupción solo desde las instituciones; se combate también desde la ciudadanía organizada, informada y vigilante”, afirma Cifuentes, quien recalca la importancia de utilizar herramientas como solicitudes de transparencia, denuncias fundadas y monitoreo digital.
El autor agrega que las redes sociales y el periodismo de investigación se han vuelto aliados esenciales, pero advierte: “La denuncia responsable exige verificar, documentar y no caer en la difusión de información falsa. La transparencia es un derecho, pero también una responsabilidad”.
El libro también revela que, pese a los avances legales, persisten obstáculos significativos: burocracia excesiva para denunciar, falta de protección real para denunciantes y demoras injustificadas en la entrega de información pública.
“No podemos pedirle al ciudadano que denuncie si al mismo tiempo lo dejamos expuesto”, sostiene Cifuentes, quien llama a aprobar políticas más robustas de protección y simplificación de trámites.
Un llamado urgente: fortalecer la vigilancia social
La obra concluye con una propuesta clara: robustecer la educación cívica, facilitar los canales digitales de fiscalización y promover alianzas entre ciudadanía, prensa y organizaciones civiles.
“La lucha contra la corrupción es colectiva. No es una batalla del Estado contra los corruptos; es una defensa de la sociedad para recuperar lo que es suyo”, sentencia Cifuentes.
Su libro, ya disponible para el público, se presenta como una guía para que cualquier persona, sin formación jurídica previa, pueda comprender, fiscalizar y denunciar irregularidades que afecten sus derechos.