Editorial
Cuando un ciudadano debe recurrir a un amparo ante el Consejo para la Transparencia para obtener información que debiera ser pública, algo no está funcionando en nuestro sistema. La Superintendencia de Seguridad Social se negó a entregar los datos de los médicos que más licencias han otorgado entre 2022 y 2024, pese a que el requerimiento no pide diagnósticos, antecedentes clínicos ni nada que afecte la privacidad de los pacientes, sino nombres, apellidos y nacionalidad de profesionales que, según la propia presidenta del Consejo, podrían estar incurriendo en un “modelo de negocio” basado en licencias fraudulentas.
La licencia médica es un instrumento clave para proteger la salud y los derechos laborales, pero su uso abusivo no es un detalle menor: afecta el presupuesto fiscal, incrementa las cotizaciones y encarece los planes de salud, golpeando el bolsillo de millones de trabajadores. Ocultar quiénes emiten las cifras más desproporcionadas no es proteger la privacidad, sino blindar posibles irregularidades.
El Consejo para la Transparencia ha ordenado entregar esos antecedentes, y la Superintendencia tiene 20 días para cumplir o judicializar el asunto. Si opta por seguir ocultando la información, no solo socavará la confianza ciudadana, sino que enviará un mensaje equivocado: que en Chile la opacidad todavía puede más que la rendición de cuentas. En materia de salud y recursos públicos, la transparencia no es una opción; es un deber.