El académico de la Universidad Central de Chile se refirió a la discusión en materia de pensiones tras el retiro de fondos de la de las AFPs durante la pandemia.
Se requiere prontamente un acuerdo en la reforma de pensiones entre gobierno y oposición. Que el 6% de cotización adicional vaya integro a un Seguro Social no resiste análisis. Los retiros de las AFPs restablecieron el derecho de propiedad sobre los fondos y los trabajadores están más alertas con sus ahorros.
Tampoco es deseable que el 6% vaya sólo a las cuentas individuales sin introducir elementos de solidaridad hoy, con el mensaje de que esto mejorará las pensiones a futuro. A menos que se apruebe algún alza de impuestos que vaya a mejorar las pensiones, oposición y oficialismo deberían negociar en un punto intermedio este 6%, tal como lo había delineado el ex presidente Piñera.
La PGU (214 mil pesos) destinada al 90% de la población mayor de 65 años más vulnerable, tiene un costo anual del 1% del PIB y esta se adiciona a las pensiones actuales de los trabajadores las que mayoritariamente son bajas (menos de 185 mil pesos). Si no se requiere redistribuir vía el componente solidario para aumentar las pensiones hoy, hacerlo sólo vía PGU es caro y además su diseño no guarda relación con el esfuerzo laboral, pudiendo en los casos de rentas bajas incentivar la informalidad. Esto tendría impacto adverso en el mercado de capitales (ya debilitado por los retiros) por mayor presión fiscal vía deuda pública. Este es el típico trade-off de corto y largo plazo con efectos distributivos en las pensiones actuales y futuras.
Economista y académico U. Central